El transporte público urbano en el Gran Santo Domingo es uno de los peores de América Latina, y sólo se compara con algunos de los países más pobres de África. Predomina el caos en las calles y avenidas, los taponamientos por causa de la gran cantidad de autos privados; el transporte público se realiza mayormente en autobuses y carros en condiciones no adecuadas. Se violan frecuentemente las leyes de tránsito, ostentando el país además uno de los primeros lugares en muertes por accidente de tránsito en el mundo”.
La descripción del sistema de transporte que impera en la principal ciudad del país la hace el Observatorio de Políticas Sociales y Desarrollo de la Vicepresidencia de la República en su boletín 7, correspondiente a julio de este año, el que titula “Transporte Público y Movilidad Urbana en el Gran Santo Domingo: Desafíos para una política social para la inclusión y la equidad”.
Pero más allá del caos señalado por años en ese sector, se mueve también un negocio millonario en el que el sector privado se lleva la gran tajada del pastel.
En el Gran Santo Domingo se mueve a diario un promedio de 3.5 millones de personas que, en su mayoría (2.5 millones), utiliza el servicio del transporte público para llegar a sus lugares de destino. El millón restante lo se desplaza en vehículos privados.
Las cifras las aporta el Observatorio en su estudio, en el que aborda la situación del transporte con miras a contribuir con el desarrollo de políticas que permitan la consecución de las metas de la Agenda Nacional de Desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
El Estado controla, a través del Metro de Santo Domingo y de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), apenas el 10.3%, quedando el 89.7% en manos privadas.
Estos porcentajes son estimaciones basadas en la cantidad de pasajeros transportados y el universo de personas que se mueven en ciudad en transporte público.
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